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La minería: protagonista de la fiebre del oro

La minería: protagonista de la fiebre del oro

En busca de una fortuna rápida, los mineros ilegales no solo sacan provecho ilícito del patrimonio nacional y dañan el medio ambiente, también ponen en peligro sus vidas.

El ejercicio ilegal de la minería con el fin de obtener oro puede ser tan seductor como letal, a juzgar por los casos que han desembocado en tragedias.

A principios del 2018, las excavaciones subterráneas de seis personas concluyeron con la muerte de dos, lesiones severas a tres y leves a una. El fatal de­senlace fue causado por la inhalación de monóxido de carbono, producido por el motor de combustión interna de una turbina colocada para la extracción de agua en la galería donde trabajaban.

 Material extraído al construir una galería. Su acumulación arbitraria modificó la superficie del suelo y la vegetación. Foto: Germán Veloz Placencia

Material extraído al construir una galería. Su acumulación arbitraria modificó la superficie del suelo y la vegetación. Foto: Germán Veloz Placencia

Tan pronto se emprendió la investigación del desagradable hecho, salió a flote la falta de conocimientos técnicos para ejecutar una labor que requiere de precauciones extremas, como lo confirma el proceder de las entidades cuyo objeto social es la explotación minera.

También afloraron la intención franca de quebrantar la legalidad y el poco respeto por la vida propia. A lo largo del pasado año, uno de los fallecidos había sido advertido en siete ocasiones por dedicarse a esa actividad. La última ocurrió justo a mediados de diciembre. Esa vez, según consta de su puño y letra, se comprometió a no involucrarse más.

Por supuesto, hay situaciones que no salen  a la luz pública porque no causan muertes, pero no dejan de ser experiencias aterradoras.  Así lo confesó tiempo atrás al colega Luis Mario Rodríguez Suñol, del semanario ¡Ahora!, uno de esos «mineros» que sobrevivió milagrosamente tras el desplome del techo del túnel donde creyó que encontraría el filón del metal dorado que le garantizaría una vida de holguras financieras.

Impunidad en jaque

Quienes asumen la minería ilegal con fines lucrativos son persistentes en extremo, lo que no significa en modo alguno que operan con impunidad.
En julio del 2014, cuando una especie de fiebre del oro se hizo evidente en los municipios de Holguín, Rafael Freyre, Báguano y Moa, las autoridades holguineras pusieron en ejecución un plan conjunto de acciones para contener el fenómeno, explicó Juan Miguel Morán, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial

Desde entonces hasta finales de diciembre del año pasado se realizaron continuas acciones preventivas y profilácticas, las cuales conllevaron a actuar con 210 personas, de las cuales 141 resultaron procesadas, la mayoría por actividad económica ilícita, aunque hubo sanciones por receptación, desobediencia y tráfico de metales.

Entrada a una galería, construida precariamente, que muestra los riesgos a los que se exponen los buscadores de oro. Foto: Germán Veloz Placencia

Entrada a una galería, construida precariamente, que muestra los riesgos a los que se exponen los buscadores de oro. Foto: Germán Veloz Placencia

Entre otras cosas, se ocuparon 700 instrumentos de todo tipo y siete medios de tracción animal. Asimismo, fueron destruidas 103 facilidades temporales creadas en las áreas de extracción.

«Con fines educativos, a través de los grupos comunitarios presentamos en varios lugares a personas involucradas en estas actividades ilícitas y generamos debates porque se requiere de la participación de los consejos populares para el enfrentamiento efectivo al problema», aseguró el funcionario.

No hay dudas en cuanto a que este es un punto esencial en el propósito de revertir el panorama. En Aguas Claras, localidad cercana a la ciudad de Holguín, donde la minería ilegal fue furor unos tres años atrás, confesiones hechas a este periodista por personas que residen allí demuestran que cavar en lo profundo de la tierra tras el oro sigue siendo una posibilidad vista como, incluso a escala familiar, la manera de alcanzar el bienestar económico no logrado por otras vías.

Hoy, además de la labor preventiva y los operativos exitosos realizados por los miembros de la Policía Nacional Revolucionaria y del Cuerpo de Guardabosques, el plan de enfrentamiento que aplican las autoridades provinciales debe contemplar la aplicación de medidas jurídicas más integrales, aseveró Juan Miguel Morán.

La mayoría de las veces hallamos solo huellas o utensilios abandonados, pero no a los «mineros». Foto: Archivo

La mayoría de las veces hallamos solo huellas o utensilios abandonados, pero no a los «mineros». Foto: Archivo

«En los procesos penales que se realicen debemos agotar la investigación, aplicar comisos y confiscaciones de bienes. Reconocemos que el minero es el último escalón de la cadena. Por eso es necesario descubrir a quienes organizan y financian la actividad. Hay que determinar el destino final del producto y combatir al fundidor, al joyero y al artesano que actúan al margen de la ley, así como al traficante, extranjero o cubano, que pretende sacar el oro del país».

La falta de advertencias no podrá ser esgrimida por quienes incurran en esos hechos. Juan Miguel Morán comentó que personal de las direcciones de Trabajo e Integral de Supervisión continúan los contactos esclarecedores con los trabajadores por cuenta propia dedicados a la joyería, al tiempo que dan seguimiento al grupo que optó por darse de baja al iniciarse la ofensiva en desarrollo.

No quedarán fuera del control, dijo,  las cerca de 180 personas que en la provincia tienen licencias de recolectores de recursos naturales y de productores-vendedores de bisutería, ni los propietarios particulares de molinos trituradores, para impedir el uso de estos medios en el proceso de extracción ilegal de oro.

Sellar grietas

La persistencia de los mineros ilegales se aprecia igualmente en sus desplazamientos constantes hacia zonas nuevas donde no son controlados por las autoridades. Buscan grietas, entre las que se encuentra el insuficiente control de los poseedores de la tierra.

Extractores ilegales huyendo, luego de ser hallados in fraganti. Foto: Archivo

Extractores ilegales huyendo, luego de ser hallados in fraganti. Foto: Archivo

En una reunión reciente convocada por el Grupo de Enfrentamiento Provincial para evaluar la marcha de acciones vitales, entre ellas la rehabilitación de una zona golpeada por la acción depredadora de los buscadores ilegales de oro, el representante de la Empresa Forestal de Holguín, entidad a la que se ha dado un papel protagónico en la siembra de las posturas que restablecerán la floresta dañada, advirtió que se había llegado a esa situación porque varias entidades, entre las que se encuentran la Empresa Agropecuaria Holguín y varias cooperativas de créditos y servicios y de producción agropecuaria, no ejercieron el deber de custodiar áreas que sobrepasan las 400 hectáreas.

De acuerdo con lo trascendido, los tenentes del terreno alegan no disponer de estructuras específicas para tareas de custodia, lo que no los justifica. Las leyes son precisas en cuanto al deber de proteger el referido patrimonio. Una posible salida sería entregar en usufructo parte de las áreas. Las explotarían personas con deseos y posibilidades reales de protegerlas.

Este reportero cree que una de las decisiones tomada en aquel encuentro, consistente en enviar a los poseedores de la tierra una carta para recordarles sus obligaciones, es demasiado benévola y no producirá el cambio en el modo de actuar.

Eliminar los daños que producen en el entorno los mineros ilegales resulta engorroso y costoso, recordó Enrique Garcés Leyva, representante en Holguín de la Oficina Nacional de Recursos Minerales.

Uno de los informes a los que accedió ese diario detalla que en el sector de Reyna Mercedes, en el municipio de Holguín, donde los mineros ilegales fueron muy activos hasta hace poco, concluyeron complejos trabajos de nivelación de suelos y tapado de hoyos. Igualmente, seis hectáreas resultaron reforestadas, además de trabajar en el restablecimiento de otras ocho ubicadas específicamente en las márgenes de los ríos de la zona.

El mismo documento confirma que en los municipios de Rafael Freyre, Báguano y Moa fue necesario reforestar parcelas al precio de utilizar fuerza de trabajo y recursos de varios tipos, entre ellos combustible y medios técnicos que pudieron emplearse con otros fines.

Los efectos de lo que Rolber Peña Pupo, jefe de la Unidad de Medio Ambiente del Citma en Holguín, define como minería asociada a la extracción artesanal de oro, plantean, según dijo, una mirada rigurosa y respuestas severas sistemáticas.

«Es una práctica destructora. Por ejemplo, afecta la calidad del agua. Está comprobado que la cantidad de oxígeno disuelta en ella disminuye con las operaciones de extracción y transporte de materiales que se realizan en los ríos. Eso mismo aumenta los sólidos en suspensión. Además, la cantidad de material removido será inevitablemente arrastrado en caso de crecidas.

«Igualmente, la extracción de material afecta las riberas del río y su infraestructura natural, igual que a su cauce, sobre todo si las acciones implican un cambio de las pendientes del terreno. Si finalmente ocurre esto, aumenta el riesgo de inundaciones por crecidas. La extracción provoca a la vez afectaciones a la masa de agua subterránea, que se hace más sensible a la contaminación».

Los desordenados y brutales procesos de excavación y traslados de materiales, añadió, también influyen negativamente en la fauna. «Algunas especies emigran porque se les modifica su hábitat con los cambios que se operan en parámetros como temperatura, PH y concentración de oxígeno. También disminuyen las posibilidades de refugio y alimentos. Para eliminar las secuelas de ese fenómeno se necesita de un plazo prudencial, generalmente largo».

Entre los muchos asuntos en los que Rolber y su equipo de trabajo ponen la mirada acuciosa está el control sobre las sustancias químicas (mercurio y ácidos sulfúrico y nítrico) en poder de empresas estatales, cuyos directivos y trabajadores están en el deber de evitar que los referidos productos sean empleados en el proceso de extracción ilícita de oro.

«Hay que conocer con lujo de detalles su disponibilidad real y los destinos que toman, aun cuando esas empresas están en territorios en los que no hay evidencias de minería ilegal en busca de oro. En las zonas donde esta actividad fue ejercida o continúa, deben hacerse estudios concretos para comprobar el grado de contaminación con esos tipos de sustancias muy dañinas para la salud cuando se emplean irresponsablemente».  (Tomado de Granma)

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