Hacia una Ley de Empresas en Cuba

Por Yuniel Labacena

Buscar más autonomía, más posibilidades, mejor remuneración, así como alcanzar una descentralización que facilite la eficiencia y organización es el camino que sigue buscando la empresa estatal cubana. Con esa premisa a fines del pasado año, entraron en vigor un nuevo conjunto de normativas jurídicas en las que se le concede mayores beneficios a este sector.

Las medidas —que fueron publicadas en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 58 donde están el Decreto-Ley No. 334 y los Decretos Nos. 334, 335 y 336— son el resultado del proceso gradual de transformaciones en el sistema empresarial cubano, que comenzó en el 2011 luego de que el VI Congreso del Partido Comunista aprobara los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.

Ya lo ratificaba el General de Ejército Raúl Castro Ruz, en la clausura del X Período Ordinario de Sesiones de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, celebrado en diciembre último, estas nuevas normas jurídicas “representa un paso más en el objetivo de separar las funciones estatales de las empresariales e incrementar la eficiencia y organización, otorgándole mayor autonomía en su gestión”.

Los cuerpos legales pretenden, en términos institucionales y estructurales, situar a todo el sistema empresarial en igualdad de condiciones. No constituyen un paso definitivo en el sistema de empresas estatales, según aclararon funcionarios del Estado al presentarlas. Resulta una fase intermedia —a partir de experiencias llevadas a cabo en buena parte del país— antes de lograr todas las condiciones para el estado ideal.

De acuerdo con Johana Odriozola Guitart, directora jurídica del Ministerio de Economía y Planificación, un destino final sería la Ley de Empresas de la que tanto se ha hablado en los últimos tiempos, que contendría todos los principios, características y preceptos del funcionamiento de esas entidades; pero faltan conceptos y metodologías por definir.

Esta ley sería vital para completar todo el ordenamiento normativo y jurídico del país en su ruta necesaria hacia la renovación económica. Además pondría a las entidades nacionales en mejores condiciones para enfrentar las transformaciones estructurales del sector estatal, en el que se han adoptado políticas de mayor alcance y complejidad dentro del proceso de cambios en curso para pasar de las urgencias al desarrollo.

Las normativas de fines de año son el molde que regirá a las aproximadamente 850 empresas que en el país están en perfeccionamiento y a las más de 80 Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE). En ellas se define que nuestro sistema empresarial está compuesto por tres cosas fundamentales: las organizaciones superiores de dirección empresarial, las empresas y las unidades empresariales de base.

Las llamadas OSDE existían desde antes, lo único que ahora se tiene una OSDE que no cumple funciones estatales, solo empresariales, porque las funciones estatales se quedaron en los ministerios. Ahí se definen conceptos, facultades y atribuciones a cada nivel de cada una de esas estructuras. Ahora tendrán relaciones directas con el resto de los Organismos de la Administración Central del Estado, órganos estatales nacionales y demás instituciones.

¿Y qué significa establecer relaciones directas? De acuerdo con Odriozola Guitart antes, las OSDE y las empresas, para realizar cualquier trámite con otro organismo, tenían que apelar al ministerio al cual se supeditaban. Hoy (cuando entren en vigor las normas), el presidente de esta estructura de dirección puede dirigirse, directamente, a cualquier instancia.

“Ello, además de tener un efecto en la agilidad de los procesos, tributa a la separación de las funciones estatales de las empresariales. Se trata de liberar a los ministerios de esa gestión diaria referida, en muchos casos, a la administración de los recursos del sistema empresarial estatal”, señalaba al mencionar algunos de los principales cambios para este sector.

Como todos sabemos la empresa estatal es la forma principal de propiedad en la economía nacional socialista, por ello hay que fiscalizar y controlar todo lo que se haga, pues como se alertó en la Asamblea Nacional en las facultades que se le han dado al sistema empresarial ha habido problemas también en su uso, y ha habido desviaciones, fundamentalmente a través de los sistemas de pago por rendimiento.

Según se dijo en algunos casos se pagó sin respaldo productivo, y en otros casos se fue excesivamente restrictivo en el tema de los salarios. Esta es una señal para reforzar los cursos de capacitación a los miembros de las juntas de gobierno, a quienes se dedican a implementar las medidas y a quienes la sostendrán, ya que como hemos dicho, las normas jurídicas que ahora se ponen en práctica son el camino para la Ley de Empresas.

(Tomado de Cubahora)

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