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Cacería judicial contra líderes de izquierda

Cacería judicial contra líderes de izquierda

Este domingo en la tarde dos buenas amigas se reunieron. Dilma Roussef, ex presidenta de Brasil, la última elegida por los brasileños, visitó a la también ex mandataria y elegida como senadora Cristina Fernández de Kirchner. Dilma fue a expresar su solidaridad, y es que esas dos mujeres tienen más en común de lo que pudieron haber sospechado en el pasado.

Dilma fue expulsada del poder por un congreso corrupto y resuelto a no tener una presidenta que gobernara para los que la eligieron. Con un ardid legislativo y usando excusas que en cualquier otro caso hubiesen pasado inadvertidas, la desterraron de Planalto, donde ahora vive Michel Temer, el cómodo para la derecha.
Cristina no fue expulsada del poder, pero ahora en Argentina, donde también repartieron, parece, el manual de cómo hacer trampas para desterrar del poder a la alternativa.

La derecha en América Latina es la que más habla de la importancia de la democracia y la oposición, mientras ellos están en la oposición, cuando están en el poder no quieren oposición y hacen cualquier cosa para restarle prestigio frente a la opinión pública.
Resulta que ahora, Cristina Fernández, resuelta a volver al ruedo político porque lo ha dicho “soy la que puede hacer la oposición más fuerte”, se postuló para senadora, un trabajo que ya tuvo antes, ganó con unos cuantos millones de votos, y era el primer paso para ponerle zancadillas a un Macri autoritario y cómodo en su asiento. Pero ya desempolvaron un caso para que Cristina no pueda ejercer como senadora.
El juez Claudio Bonadio la acusó de traición a la patria, sí, basado en el caso AMIA, la investigación de un ataque terrorista con coche bomba que sucedió el 18 de julio 1994, frente a la Asociación Mutual Israelita Argentina.
85 personas murieron en lo que se considera fue el mayor ataque sufrido por judíos desde la Segunda Guerra Mundial.

¿Por qué es tan importante este caso? Aparentemente desde 1994, algunos poderes dentro de Argentina han intentado pasar página, o no investigar muy a fondo, y es que ese país tiene tradición en ocultar crímenes, es duro decirlo pero es así, si no preguntemos dónde están los 20 mil desaparecidos. Néstor Kirchner determinado a transparentar todo eso nombró a un juez que se dedicaría solamente al caso, Alberto Nisman, quien se pasó años revisando la poca evidencia, hasta determinar que el gobierno iraní y Hezbollá eran los responsables. Cristina Fernández heredó la investigación.
Tiempo después firmó un Memorándum de Entendimiento Argentina-Irán, que implicaba la creación de una Comisión de la Verdad con el objetivo de «avanzar en la investigación del atentado».
El acuerdo contemplaba la creación de una comisión integrada por siete personas que no debían ser ni argentinas ni iraníes, en un claro ejercicio de desconfianza a los poderes locales para resolver el misterio.

La firma del memorándum fue utilizada por la oposición desde entonces para cuestionar los motivos de Cristina.
Se enreda aún más la historia porque el juez Alberto Nisman murió dos años después en una situación aún no clara, en un trágico incidente horas antes de que Nisman presentara frente a la justicia nuevas pruebas. Ahora, Claudio Bonadio, decide sacar de la gaveta una acusación contra Cristina Fernández por traición a la patria, con la excusa de que firmó el Memorándum para limpiar de culpa a los iraníes, algo que no es cierto, pues el memorándum era para investigar, y la Interpol seguía actuando por su cuenta mientras tanto.
El momento es justo, antes de que Cristina asumiera su banca en el Senado. La ex presidenta respondió: “Es una causa inventada sobre hechos que no sucedieron, no hay hechos, no hay delito.

Mauricio Macri es el director de la orquesta y el juez Bonadio ejecuta la partitura”. El objetivo es impedir que Cristina asuma un cargo político, lo mismo, y fíjense si el manual es similar, que quieren hacer lo mismo con Lula, pero Bonadio en Argentina, en Brasil es Sergio Moro, el juez que quiere de todas formas, y a toda costa acusar a Lula en el caso de corrupción Lava Jato, aunque no tiene pruebas, el objetivo es el mismo: impedir que líderes de izquierda con legitimidad, con capacidad de convocatoria, que ponen la situación difícil para los más ricos, que se empeñan en distribuir mejor la riqueza concentrada en unos pocos.
La fórmula es fuerte, hacen un cuento, los medios de comunicación lo legitiman, y luego es muy difícil sacarse de arriba esas versiones.  180 días tiene el legislativo argentino para decidir si elimina la inmunidad parlamentaria a la ya elegida senadora. Habrá que esperar a ver qué pasa.

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