Alberto Fujimori, entre la libertad y la prisión en Perú

Fujimori a prisión. Parece que está surtiendo efecto el remolino político que ocasionara hace unas semanas Martín Vizcarra. Su presión al Congreso de disolverlo si no daba luz verde a un paquete de reformas anticorrupción llevó a los legisladores a tomarse en serio al presidente peruano, hasta entonces una figura gris, que se había hecho con el poder por la vacancia disfrazada de dimisión de su antecesor Pedro Pablo Kuczynski.

Ahora el panorama es bien distinto y comienza a dar señales positivas para la ciudadanía que apoyó en primerísima instancia las iniciativas de Vizcarra.

El número uno de los proyectos de ley aprobados para salvarse de nuevas elecciones parlamentarias fue el de renovar el otrora, Consejo Nacional de la Magistratura, convertido en Junta Nacional de Justicia.

Este es el organismo que elige a los jueces. Y vale recordar que fue la Corte Suprema de Perú la que sale al paso en este minuto con la anulación del indulto al dictador Alberto Fujimori.

El sistema de justicia peruano era, uno de los poderes más podridos dentro del país; el escándalo de julio de este año de magistrados vendiendo sentencias en pleno tráfico de influencias fue un ejemplo ilustrativo de lo que sucedía a gran escala que provocó el descalabro de todas las instituciones asociadas a esa rama legal.

Echar para atrás la gracia presidencial que PPK había otorgado a Fujimori es el primer paso de restablecimiento de confianza en el caótico escenario de corrupción que vive Perú hace décadas.

Era imposible justificar las razones humanitarias que Kuczynski alegaba para perdonar y exonerar de la cárcel al dictador que gobernó el país entre 1990 y 2000 dejando una estela de muertes, vejaciones y crímenes considerados de lesa humanidad.

Alberto Fujimori salió de prisión para su casa, a vivir cómodamente sus últimos años en esta tierra, no consta que peligre su salud, como para no terminar con su sentencia de 25 años, de los cuales solo ha cumplido 12 tras las rejas.

También ha trascendido que los informes médicos para alegar la clemencia fueron manipulados; sus propios doctores los redactaron en clara violación a la imparcialidad, objetividad y ética médica.

Aquí se produjo un evidente intercambio de favores políticos entre la familia del dictador y PPK, pues Kuczynski quería aferrarse a la silla presidencial a cambio de votos a su favor en el Congreso que le proporcionarían diputados comprados por uno de los hijos de Fujimori.

Mientras otra heredera del apellido manchado de sangre, con ambiciones presidenciales frustradas, se deshace en lágrimas por la noticia, mientras el autor del cuestionado indulto sigue parado en sus 15 y dice no arrepentirse de haberlo otorgado, los familiares de las víctimas —que no son pocas— han recuperado la tranquilidad de saberse escuchados y que vuelva a imponerse la justicia sobre la impunidad.

Para el que no lo recuerda, pesan sobre Fujimori dos masacres, ordenadas por un escuadrón de la muerte que después fue amnistiado por él mismo, más imputaciones de secuestro por solo mencionar las que le han sido comprobadas. La historia no para aquí.

La defensa fujimorista va a apelar la decisión. El teatro ya ha comenzado y Kenji Fujimori, el mismo vástago que le comprara el indulto, ha ingresado a su padre en una clínica, obviamente para seguir abultando un expediente médico que lo libre de sus responsabilidades penales.

América Latina conoce bien de las injusticias. Un subcontinente donde los regímenes militares abusaron y atropellaron a cientos de miles de personas y muchos de sus autores han muerto de vejez.

Los dolientes esperan ansiosos, que Alberto Fujimori no sea parte de este grupo de inescrupulosos asesinos que se libra de la justicia.

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